Legalcity | la solución para los extranjeros en el corazón de Barcelona

Los últimos acontecimientos  acaecidos en Badalona, una pequeña ciudad limítrofe con Barcelona, no han hecho disparar las alarmas ni a a las asociaciones que dicen representar a los inmigrantes ni a  los cuerpos de seguridad. Pero todo es cuestión de tiempo si el alcalde Xavier García Albiol no logra encontrar un concenso entre su discurso y la población extranjera que vive allí. Lamentablemente la historia puede acabar muy mal.

Todo comenzó durante la precampaña electoral de 2010 en barrios como Llefía, La Salut, Artigues y Sant Roque cuando Albiol, para ganar la alcaldía, arremetía con encendidos discursos sobre la inseguridad en estas zonas, cosa que los Juzgados achacaban a la “libertad de expresión” sin que constituyesen de ningún modo “delitos por incitación al odio” ni “discriminación” aún cuando era evidente que sus palabras estaban dirigidas a ganar votos y contenían un claro desprecio hacia la verdad para criminalizar al colectivo inmigrante.

Así las cosas, un Albiol soberbio logró convertirse en alcalde. Y ahí comenzó la verdadera crispación entre los inmigrantes y los españoles; estos últimos atizados por el discurso del político.

Los ánimos se han ido encendiendo al punto que esta misma semana varias decenas de comerciantes -la inmensa mayoría de ellos, extranjeros y, en particular, paquistaníes-  se han puesto en huelga y bajaron las persianas de sus negocios para denunciar la ola de inspecciones que el Ayuntamiento ha incrementado contra ellos durante el último año.

Según ha sido testigo Legalcity los inmigrantes dueños de negocios (fruterías y tiendas de alimentación en su gran mayoría) colgaron carteles en los que se podía leer  “Protesta contra los abusos del Ayuntamiento contra nuestros comercios”. Según publicaba esta misma semana El Periódico de Catalunya “uno de los detonantes que ha airado a muchos extranjeros ha sido que, a pesar de haber arreglado las deficiencias que había llevado a la Administación a precintar varios establecimientos, han recibido avisos que les advierten que el expediente abierto puede acabar con una multa que oscila entre los 3.000 y los 60.000 euros. A un comerciante le piden cinco mil euros desde abril y la carta sólo dice que es por incumplir la normativa sanitaria, sin explicar más”.

“Cuando viene la policía, lo hace de muy malas maneras, son chulos”, percibe Qamar, un paquistaní que reside en Badalona desde hace 25 años. Dispone de un restaurante que no pudo reabrir hasta que, según cuenta, reparó un enchufe y sustituyó la mesa de madera en la que cocinaba por una metálica. Sin embargo, le han enviado una carta que le anticipa que puede ser sancionado con hasta 60.000 euros. “Nunca me había pasado hasta ahora”, atestigua Qasam.

Según datos municipales, el Ayuntamiento clausuró durante los 12 primeros meses de mandato del PP unos 75 establecimientos como medida cautelar por presuntos quebrantos de la norma y ha aplicado castigos por valor de 355.000 euros. A través de las redes sociales, el alcalde ha alardeado a menudo de ordenar el registro de tiendas de extranjeros en las que se han encontrado productos en mal estado y unas condiciones de salubridad cuestionables.

“A los únicos a los que perseguimos son a los que incumplen las mínimas normas sanitarias y urbanísticas”, ha declarado Albiol, que ha aprovechado para alertar que no variará de estrategia: “Si hay alguien que pensaba que, por ser de una nacionalidad o de otra, tenía patente de corso para vender productos en mal estado o caducados, se equivoca. Eso sería antes. Por supuesto, ahora no lo permitimos”.

“Al panadero paquistaní se le multa por no utilizar un tipo concreto de pinzas para servir el pan o por no tener a mano la factura del producto con el que limpia los trapos de cocina. Al restaurante, porque a la nevera le falta una rejilla. Al dueño de otro local, porque no tenía el recibo de los dulces que servía con los postres, así que los agentes los tiraron en el contenedor más cercano. «Y luego están las formas. Se presentan varios coches de policía, los inspectores, algún concejal… Lo normal sería que los vecinos creyeran que están a punto de detener a un terrorista, y al final, cuando se van, te quedas ahí en la tienda con una denuncia escrita a mano que la mayoría de las veces es tan incomprensible como una receta del médico». Khan asegura que hasta tres veces ha tenido que ir al Ayuntamiento de Badalona para que le descifren, no sin dificultad por parte de los funcionarios municipales, qué pone exactamente en esas denuncias”, dice El Periódico de Catalunya.

“Los pakistaníes son gente noble, educada, cívica; gente respetuosa que intenta no mantenerse al margen de la normativa. En cambio, en el barrio de Sant Roque donde viven miles de personas de etnia gitana ves como en las aceras hacen barbacoas, encienden hogueras, sacan bañeras donde se divierten los niños… y la policía como si no pasara absolutamente nada”, asegura a Legalcity G.M.C, vecino del barrio.

Según G.M.C  la situación es insostenible. “Yo estoy convencido que si yo lanzara bolsas de basura desde mi balcón o tirara la basura en medio de la calle o hiciera una fogata frente a mi edificio de seguidas vendría la policía y me denunciaría. Pero a los gitanos les dan vía libre para que hagan lo que quieran. Me pregunto qué le pasaría a un pakistaní si hiciera lo mismo que los gitanos”, dice con indignación.

Así las cosas se respira tensión, mucha tensión en Badalona. Una bomba de relojería que no tardará en explotar. Para entonces ya será tarde; porque el discurso de la crispación nunca conduce a ningún buen camino.