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Legalcity | ¿Cómo afecta la Ley Mordaza a los extranjeros?
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¿Cómo afecta la Ley Mordaza a los extranjeros?

¿Cómo afecta la Ley Mordaza a los extranjeros?

La Reforma Ley de seguridad ciudadana que llevaba semanas parada en el Congreso ha dado un paso más tras cerrarse la semana pasada las enmiendas a la totalidad, con todos los grupos de la oposición en contra y de una amplia mayoría de la ciudadanía. Otra vez el Partido Popular se empeña en sacar una ley en solitario que supone un retroceso en nuestros derechos fundamentales. El próximo jueves 16 de octubre pasará a ser debatida en el Pleno.

SOS Racismo Madrid colabora a la reflexión crítica sobre esta gravísima reforma con un artículo sobre sus efectos en la población extranjera.

Legalcity - Ley mordaza

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA O “LEY MORDAZA”: COMO AFECTA A LOS EXTRANJEROS.

El pasado 23 de septiembre de 2014, el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó su dimisión de la cartera del gobierno de Mariano Rajoy, y anunció su retirada de la actividad política, como consecuencia de la falta de consenso para sacar adelante su ambicioso Anteproyecto de Ley del Aborto. Un gran triunfo para el movimiento feminista, que ha luchado contra la misma con incesantes movilizaciones en la calle.

Sin embargo, tras la retirada del anteproyecto y su posterior dimisión, el ex ministro Gallardón, nos ha dejado “una mochila” repleta de un elenco de reformas y modificaciones legislativas en la administración de justicia. La implantación de la Ley de Tasas, la Reforma del Consejo General de Poder Judicial, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal, la creación del Estatuto de la Victima, entre otras.

¿Cómo enlaza todo esto con el proyecto de ley orgánica de protección de seguridad ciudadana (en adelante Ley de Seguridad Ciudadana) emprendida por el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz? Pues bien, el proyecto de reforma del Código penal, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, entra en sintonía con la Ley de Seguridad Ciudadana, como consecuencia de la desaparición del Libro III del Código penal referido a la faltas. Puesto que, sin fundamentación dogmática/práctica alguna, transforma algunas de ellas en los llamados delitos leves y despenaliza otras conductas, que hasta ahora estaban sancionadas penalmente, para pasar a sancionarlas por la vía administrativa.

Respecto de la Ley de seguridad Ciudadana, el ministro Jorge Fernández, afirma que es una ley comprometida con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan respuesta legal. Una ley que lucha contra las nuevas amenazas que han surgido a lo largo de los últimos años con las nuevas tecnologías, que garantiza y mejora la convivencia, reduce el margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones, da nuevas potestades a la intervención policial, en definitiva, según el ministro se trata de una ley idónea, necesaria y proporcionada que garantiza la seguridad de los ciudadanos.

Totalmente lejos de la realidad, se encuentra estas afirmaciones, ya que estamos ante una ley innecesaria, pues la sociedad no demanda más seguridad, una ley ilegitima, cuyo propósito es infundir la política del miedo, la represión y acortar los derechos y libertades fundamentales, y absolutamente desproporcionada, pues agrava las sanciones en su cuantía de forma desorbitada, aumenta las infracciones, así como los plazos de prescripción de las mismas y despenaliza unas conductas que gozaban de las garantías propias del ámbito penal, para llevarlas al terreno administrativo, donde la Administración es Juez y parte (menos garantista), existe más demora resolutiva, se presume la veracidad policial ante la presunción de inocencia de los ciudadanos y para recurrir habría que acudir al sistema de tasa judiciales.

Y no acaba aquí la cosa, sino que va más allá, ya que la ley de Seguridad Ciudadana vulnera principios fundamentales como el derecho de manifestación y reunión, el derecho a la libertad de expresión, infringe el principio de legalidad, en cuanto a la claridad y la taxatividad, el de proporcionalidad y el de principio de igualdad; criminaliza la pobreza, la protesta social y atenta contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Después de esta introducción, nos centramos en cómo afectaría la Ley de Seguridad Ciudadana a los ciudadanos extranjeros.

Legalcity - ley mordazaPara ello, debemos atender a la LO 4/2000, 11 de Enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante Ley de Extranjería). De la lectura del art. 50 de la misma, se entiende que las infracciones administrativas cometidas por extranjeros se sancionarán ajustándose a la ley administrativa (hasta ahora la LO 1/92 Ley Corcuera), pero si se aprobará la Ley de seguridad ciudadana, habría que atender a la referida.

El art. 53. 1 f) de la Ley de Extranjería considera como infracción grave: “La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”. Asimismo, el art. 54. 1 a) considera como infracción muy grave: “a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.”

Y por su parte el art. 57. 1 de la ley de Extranjería preceptúa “Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.” También dice el art. 57.5 que “ La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1(…)

Por otro lado, el art. 13 de la Ley de seguridad Ciudadana señala la misma obligación de exhibición de la documentación de identificación de los españoles, a los ciudadanos extranjeros. “Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado 1 de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo”· En relación con el art. 61.1 de la Ley de Extranjería que dice que “Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares: c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida” ¿supondrá la nueva ley la derogación de este artículo?

¿Cuál es la traducción? Si se aprobase la Ley de Seguridad Ciudadana, los ciudadanos extranjeros, sin diferenciar entre irregulares o regulares, que cometiesen cualquiera de las infracciones previstas en la misma como muy graves o graves (ejercer su derecho de manifestación y reunión o su derecho a la libertad de expresión), serán sancionados con las multas previstas y además podrán ser expulsados del territorial español. Generándose un cambio en los criterios jurisprudenciales, en base al art. 57.3 de la Ley de extranjería, por el cual “En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa” Así queda establecido en la Disp. Final 1ª del Anteproyecto de 2013 que, finalmente, ha sido eliminado en la última modificación de julio de 2014. Por lo que, únicamente se aplicará la multa y no cabrá conjuntamente expulsión y multa.

Asimismo, la obligación de exhibición de la documentación requerida a los ciudadanos extranjeros de forma general y arbitraria, permitirá las conocidas como redadas racistas y discriminatorias, en función del etnotipo, a pesar de las afirmaciones del ministro de interior sobre su prohibición.

En conclusión, se mantiene la prohibición de imponer conjuntamente multas y expulsión, pero se elevan las sanciones que dificultan su situación, en el caso de los irregulares, y por otro lado, se deja abierta y de forma arbitraria las identificaciones de ciudadanos extranjeros.

Fuente Isabel Elunku. SOS Racismo Madrid

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