¿Puede expulsarse a un residente de larga duración por cometer un delito?

La Directiva de la Unión Europea correspondiente al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración establece que estos deben tener una protección reforzada contra la expulsión. En este caso, los Estados miembros solamente podrán expulsar a un residente de larga duración si este representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
En el caso de España, el órgano jurisdiccional español señala con respecto a los residentes de larga duración en España, según la jurisprudencia de algunos tribunales nacionales, la protección reforzada contra las decisiones de expulsión únicamente debe concederse cuando se adopta por concepto de infracción administrativa y no en las adoptadas por pena privativa de libertad superior a un año.
El Tribunal de Justicia apunta que antes de tomar la decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración elementos de arraigo como: la duración de la residencia en su territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia, los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.
Igualmente, el Tribunal de Justicia señala que las medidas de expulsión no deberían adoptarse de forma automática a raíz de una condena penal, sino que habría que realizar una valoración caso por caso tomando en cuenta principalmente los elementos de arraigo.